Dedicamos este artículo a una cuestión de gran interés en el día a día de la práctica policial y que ha sido recientemente analizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la Sentencia de 1178/2016, de 15 de marzo.

El supuesto de hecho que da lugar a la controversia se refiere al rechazo, por parte la Audiencia Provincial de Bilbao, de la prueba testifical de cinco policías locales de Bilbao que, en un asunto de menudo de droga, entraron en el municipio contiguo de Barakaldo.

Así pues, lo que se discute no es otra cosa que la consideración de la Policía Local como policía judicial y sus límites territoriales.

El Tribunal Supremo, para resolver la cuestión, se centra en la interpretación de los artículos de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de y del RD 769/1987, de 19 de junio, de policía judicial, que regulan las atribuciones de las policías locales en relación al ejercicio de las funciones de policía judicial recurriendo también a la cita de su jurisprudencia recaída en la materia ( SSTS.334/2004, de 15 de noviembre,533/2005, de 28 de abril, STS 615/2006, 29 de mayo y STS 831/2007, de 5 de octubre).

En base a todo ello, nuestro Alto Tribunal afirma que las funciones de las Policías Locales como policía judicial están fuera de toda duda, con el carácter colaborador que les atribuye la LO 2/1986, de 13 de marzo y dentro de los márgenes de actuación que les corresponde. De este modo, los miembros de las policías locales pueden prevenir e investigar la denominada delincuencia menor, dentro de los límites territoriales de su competencia, es decir, en el propio término municipal salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de la autoridad competente (art. 53.1 LO 2 / 1986, de 23 de marzo).

No obstante, ello no tiene por que significar- prosigue el Tribunal citando las SSTC 82 y 49/1993 – que los agentes policiales de un determinado municipio, que se hallen fuera de su territorio, deban inhibirse en la prestación de auxilio o en la realización de las diligencias que legalmente procedan, al no haber mediado requerimiento de la autoridad competente. De este modo, tales actuaciones policiales no quedaran privadas de eficacia probatoria a los efectos de lo establecido por el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En definitiva, y como conclusión a todo lo anteriormente expuesto, la STS 1178/2016, de 15 de marzo, reafirma el reconocimiento de las policías locales en el desarrollo su labor como colaboradoras de la policía judicial dentro del ámbito territorial de sus respectivos municipios pudiéndose ver ampliado su radio de actuación en supuestos de emergencia. En tales casos, las diligencias practicadas por los miembros de la policías locales formaran parte del acervo probatorio siempre y cuando, claro esta, no lesionen derechos fundamentales.