La captación y posterior uso de las imágenes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ( FCSE) por parte de los particulares es una cuestión polémica que, en más de una ocasión, ha dado lugar a titulares con un contenido que no han contribuido más que a sembrar la confusión entre los/as agentes de policía así como en la opinión pública.

Así las cosas, conviene tener en consideración que tal cuestión se encuentra regulada en sendas Leyes orgánicas, a saber: La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (L.O 1/82, de 5 de mayo) y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (L.O 4/2015, de 30 de marzo).

A la vista de ello el primer interrogante que se nos presenta es ¿son titulares del derecho a la propia imagen los miembros las FCSE cuando se encuentran en el ejercicio de sus funciones? La respuesta a tal pregunta nos viene dada por el art. 8.2 de la L.O 1/82, de 5 de mayo, en el que se nos dice que el derecho a la propia imagen “no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público”.

Por lo tanto, los miembros de las FCSE, por regla general, no podrán obtener la tutela de su Derecho a la propia imagen en tanto que la función policial conlleva el ejercicio de un cargo público con proyección pública desarrollándose generalmente la misma en actos públicos o lugares abiertos al público ( STC 72/2007). No obstante, tal regla general cuenta con una importante excepción referida a las actuaciones que se desarrollen de manera no uniformada (de paisano) en las que el anonimato se presenta como un elemento fundamental para el adecuado desarrollo de las funciones policiales.

Por otro lado, y entrando propiamente en el ámbito de la seguridad ciudadana, resulta interesante recordar  el titular publicado en numerosos medios de comunicación el pasado mes de agosto en cuanto a la siguiente noticia: Una vecina del municipio alicantino de Petrer se enfrenta a una multa de 800 euros al haber sido denunciada por agentes de la policía local por publicar en las redes sociales una fotografía de vehículo policial estacionado en un aparcamiento reservado para minusválidos.

El referido titular, que causó un gran revuelo entre la ciudadanía, nos conduce a plantearnos la siguiente pregunta ¿constituye una infracción de la nueva Ley de protección de la seguridad ciudadana la captación y/o utilización de imágenes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

Para dar respuesta a tal interrogante hemos de acudir a la regulación de las infracciones y sanciones contenida en la L.O 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en cuyo artículo 36.23 se tipifica como infracción grave la siguiente conducta:

El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.”

Vemos pues que en el transcrito precepto no se castiga la simple captación de imágenes de los miembros de los miembros de las FCSE sino la utilización de dichas imágenes sin autorización y, esto es muy importante, cuando la utilización de dichas imágenes ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o, en su caso, la seguridad de instalaciones protegidas u operativos. Por lo tanto, fuera de los supuestos que se acaban de enumerar, todas aquellas denuncias o sanciones que se sustenten en la infracción del art. 36.23 de la L.O 4/2015, de 30 de marzo, por la mera captación de imágenes de agentes, están abocadas a su anulación en vía judicial.

Cuestiones distintas son las referentes a la concreción de cuál será el órgano competente para conceder la mencionada autorización o que procedimiento deberá de seguirse para su obtención quedando ambas cuestiones reservadas al futuro reglamento de la Ley.

En definitiva, y como conclusión a lo anteriormente dicho, a día de hoy únicamente podrá ser constitutivo de infracción de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana el uso, no autorizado, de las imágenes de los miembros de las FCSE cuando concurra alguno de los supuestos que menciona el art. 36.23 de dicha norma. Frente a ello, nuevamente nos podemos preguntar ¿Qué pueden hacer los miembros de las FCSE ante la captación de imágenes de una actuación policial por particulares? Pues bien, la respuesta variará dependiendo de la concurrencia de alguna de las siguientes situaciones:

a) Fotografías captadas por particulares, existiendo indicios fundados de que pueden ser utilizadas para la comisión de actos delictivos. En estos casos se debería proceder a la identificación de la persona o personas en cuestión y, en aplicación de lo establecido por el art. 17.2 de la L.O 4/2015, de 30 de marzo, se podría llegar a intervenir preventivamente el instrumento de captación, dándole el destino que legamente proceda.

b) Fotografías captadas por particulares, sin que existan indicios fundados de que puedan ser utilizadas para la comisión de actos delictivos. En estos casos, teniendo siempre en consideración lo establecido por el art. 16.1 de la L.O 4/2015, de 30 de marzo, la actuación más adecuada sería el proceder a identificación de la persona o personas que estén captando las imágenes advirtiéndoles expresamente de que su utilización, originando alguno de los supuestos contemplados por el art. 36.23 de citada norma, dará lugar a las correspondientes responsabilidades.

No obstante, en cualquier caso, y en aras a la evitación de conflictos, lo que resultará altamente recomendable es que la actuación policial sea ponderada y proporcional a las circunstancias de cada caso.