Hace escasamente una semana hemos asistido al último y, quizás uno de los más violentos, enfrentamientos, entre vendedores ambulantes de artículos falsificados(los llamados manteros) y los agentes de la Guardia de Barcelona.

Tales episodios, por lo general suelen acabar con lesionados en ambos bandos y con manteros detenidos pero, además, no es raro que los ciudadanos sufran lesiones, al ser arrollados por la estampida de los vendedores ambulantes o por recibir el impacto las piedras u otros objetos lanzados por estos que también pueden causar daños en vehículos estacionados en la vía pública, escaparates de establecimientos etc.

En estos casos, lo que teóricamente procedería sería reclamar el pago de una indemnización al mantero responsable de las lesiones o los daños pero, supongamos que este es llevado a juicio y, tras ser condenado, es declarado insolvente ¿tendría el ciudadano/a simplemente que asumir tal hecho? o ¿cabría otra posibilidad?.

Pues bien, para dar respuesta a tal interrogante, en primer lugar, hemos de tener en consideración que, en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, señala:

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.”

Tal previsión viene a configurar el denominado núcleo duro o esencial del instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y su interpretación es fuente casi inagotable tanto de literatura científica como de una abundantísima jurisprudencia que, por razones obvias, no podemos analizar en este momento.

En Segundo lugar, se ha de tener en cuenta que, en Barcelona, la venta ambulante se encuentra regulada en la ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público, aprobada por el Consejo Plenario en fecha 23 de diciembre de 2005, cuyo artículo 49 se nos dice lo siguiente:

“Las conductas tipificadas como infracción en el presente capítulo se fundamentan en la protección de la salubridad, el uso racional y ordenado de la vía pública y la salvaguarda de la seguridad pública, además, en su caso, de la protección de las propiedades industrial e intelectual, la competencia leal en la economía de Mercado y los derechos de consumidores y usuarios.”

Continúa dicha ordenanza en su artículo 50.1 señalando lo siguiente:

“Está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos, salvo las autorizaciones específicas. En todo caso, la licencia o autorización deberá ser perfectamente visible”

Tal prohibición enlaza directamente con el mandato que, a través del artículo 52, se dirige a los agentes de la autoridad en los siguientes términos:

1. En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones y los materiales o los medios empleados. Si se trata de alimentos o bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino que sea adecuado.

2. Cuando las conductas tipificadas en este capítulo puedan ser constitutivas de ilícito penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador, en los términos del artículo 95 de esta Ordenanza.

Una vez expuesto lo anterior, nos planteamos un supuesto en el que, a causa de una intervención de los agentes de la autoridad para la retirada e incautación de artículos falsificados, se produce un enfrentamiento entre  estos y  un vendedor ambulante resultando lesionado un ciudadano que en ese momento paseaba tranquilamente por las proximidades. Este ciudadano se persona en el proceso penal y reclama una indemnización por las lesiones sufridas celebrándose el juicio y siendo condenado el mantero al pago de la indemnización reclamada cosa que finalmente no sucede al ser  declarado insolvente ¿podría responder entonces el Ayuntamiento de Barcelona del pago de la indemnización a través de la responsabilidad patrimonial?

En mi opinión la respuesta debería de ser afirmativa en tanto que al tolerar, incentivar o facilitar el Ayuntamiento la venta ambulante de artículos falsificados la corporación local no estaría aplicando su propia ordenanza y ello perfectamente podría encajar dentro de la definición de funcionamiento anormal de los servicios públicos tal y como ido siendo perfilada por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.

En conclusión, desde mi punto de vista lo que resulta inadmisible es que la dejadez de la Administración a la hora de luchar contra los usos indebidos de la vía pública derive en daños y perjuicios de toda índole a los ciudadanos/as sin que estos puedan accionar jurídicamente contra la misma para obtener una legitima reparación de los mismos.